Berkeley y la traición de su legado agrícola

Miguel Altieri | 11.29.2018

La Universidad de California-Berkeley, UCB, es una universidad establecida en tierras públicas cedidas por el gobierno federal en virtud de la Ley Morrill de 1862. La idea de las concesiones de tierras federales a Universidades era pare que estas generaran investigación agrícola que beneficiara a la sociedad en general. Durante el primer siglo, esa misión fue honrada por la estación experimental agrícola en Berkeley. Un componente de esa misión fue la División de Control Biológico establecida en 1944 en “Gill Tract” en Albany, California. La División se inspiró en el exitoso control de la escama algodonera que amenazó con destruir la industria de los cítricos en 1886 mediante la liberación de Vedalia una mariquita predatora. Desde el establecimiento de la División, la investigación sobre biocontrol ahorró a los agricultores de California más de 2 mil millones de dólares en uso de pesticidas mediante la introducción de insectos benéficos que resolvieron los problemas de plagas permanentemente. Se estima que además de regular biológicamente las plagas, las actividades de la División de Control Biológico ahorraron a los residentes de California cientos de millones de dólares al reducir las externalidades ambientales y de salud relacionadas con los pesticidas que en los Estados Unidos de América, EUA, son mayores de 10 mil millones de dólares por año. Similares beneficios de la ciencia pública  se derivaron de investigaciones en suelos, fitopatología y agroecología, todas contribuciones consideradas recursos públicos que no son propiedad ni están patentados por ninguna compañía. El control biológico y las innovaciones agroecológicas son en gran parte bienes públicos gratuitos que hacen que las granjas sean más resistentes y autónomas.

A partir de la década de 1980 en la medida que los costos comenzaron a aumentar y la proporción del presupuesto universitario financiado con fondos estatales disminuyó, Berkeley comenzó a alentar las asociaciones universidad-industria que no necesariamente priorizaron las innovaciones para el bien público. Este fue el comienzo de la reestructuración de la Facultad de Recursos Naturales con proyectos financiados por empresas multinacionales de biotecnología emergente (Novartis, British Petroleum-BP, etc.) que hicieron acuerdos especiales con la Facultad, canalizando enormes cantidades de dinero en efectivo al Campus, transformando para siempre la misión pública de investigación agrícola de UCB. En 1995 y a pesar de sus contribuciones al bien público, la División de Control Biológico fue desmantelada por la administración del Campus. La investigación agrícola de Berkeley pasó a ser dominada por la industria de la biotecnología y sus aliados académicos locales. Los productos  de investigación que surgen de estas alianzas consisten más en mejorar las ganancias de las corporaciones que en resolver problemas ambientales provocados por la agricultura industrial, en vez de enfocarse en hacer nuestra agricultura más resistente al cambio climático, reducir el número de especies invasoras o proponer medidas para reducir el hambre y la inseguridad alimentaria. Es paradójico que dentro de nuestro Campus, 39 % de los estudiantes de pregrado y 23 % de postgrado experimentan seguridad alimentaria “baja” o “muy baja”. Ninguna de las innovaciones que surgieron del proyecto de $500 millones financiado por BP abordó esta vergonzosa realidad y ninguna puede considerarse un bien público que resolvió una necesidad social apremiante. De hecho, los resultados de las investigaciones realizadas en los laboratorios públicos de la Universidad son propiedad de BP y pueden utilizarse a su discreción para obtener aun más ganancias.

Los funcionarios e investigadores (todos  funcionarios públicos) que se benefician de tales acuerdos, continúan afirmando que la colaboración de las empresas en la investigación es fundamental para que Berkeley continúe con su trabajo de vanguardia.  En estos contratos hay claúsulas que brindan acceso especial a las instalaciones de investigación agrícola (laboratorios, invernaderos, espacio de campo, etc.) para llevar a cabo la investigación financiada por las empresas.  En los últimos años se aumentó las tarifas para el uso de las instalaciones mediante comités arbitrariamente elegidos que determinan quién utiliza las instalaciones, limitando asi las posibilidades de investigadores a utilizar dichas instalaciones para llevar a cabo investigaciones sobre agricultura alternativa que potencialmente podrían beneficiar a un mayor número de personas pobres de zonas urbanas y rurales, y personas con inseguridad alimentaria en el area de la Bahía y más allá. De hecho, los investigadores en agroecología y agricultura urbana no tendrán tierras para realizar investigaciones, ya que la Universidad tiene planes de “desarrollar-urbanizar” las tierras de las granjas experimentales  Gill Tract y Oxford Tract. La pérdida de ambos campos no preocupa a los investigadores de biotecnología, ya que la mayor parte de su trabajo sobre ingeniería genética, genómica y biología sintética se puede realizar en laboratorios, todos destinados a desarrollar un conjunto de soluciones falsas para el cambio climático y el hambre, mediante herramientas destinadas a hacer que el modelo de agricultura industrial dominante sea “un poco más sostenible”.

La urbanización de estos dos pedazos de tierra (los últimos tramos de tierras cultivables Clase I en la bahía de San Francisco) representa una traición directa a la misión agrícola pública de UC Berkeley. Tanto Gill Tract como Oxford Tract se compraron en la década de 1920 con fondos proporcionados parcialmente por el Tesoro del Estado (bajo el Capítulo 311, Estatutos de 1923) para uso en relación con el entonces existente Departamento de Agricultura de la Universidad. Varias cartas e informes escritos entre 1945 y 1955 por varios decanos y comités a cargo de tierras e instalaciones agrícolas indicaron que ambas tierras eran esenciales para los programas de enseñanza e investigación en Berkeley y que la pérdida de tales instalaciones perjudicaría gravemente las actividades agrícolas realizadas en el campus. Esto era cierto entonces y ahora más que nunca con el aumento de la demanda por parte de estudiantes de cursos relacionados con alimentación y agricultura, tales como agricultura urbana, agroecología y otras.

A la luz del cambio climático, las fallas en la agricultura industrial, el aumento de los costos de energía y la presión demográfica, y en la medida que las corporaciones multinacionales aumentan su control del sistema alimentario, la restauración de la misión pública de la Universidad y sus recursos públicos son clave para preparar a la nueva generación de científicos y profesionales con las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos que enfrentan nuestros sistemas alimentarios. Para 2030, el 60% de la población urbana del mundo vivirá en ciudades, incluido el 56% de los pobres del mundo y el 20% de los malnutridos. Actualmente, para una ciudad con 10 millones de habitantes o más, se deben importar más de 6,000 toneladas de alimentos todos los días, recorriendo un promedio de 1,000 millas (1,600 km), una situación insostenible. Dados estos escenarios, la intensificación de la investigación sobre la agricultura urbana (AU) en ambos terrenos será crucial si queremos escalonar alternativas sostenibles y resilientes para mejorar la soberanía alimentaria en nuestra Área de la Bahía y en este planeta cada vez más urbanizado.

La Universidad pertenece a toda la población de California y, por lo tanto, tenemos el derecho de exigir que se reforme para proporcionar soluciones prácticas y accesibles a los problemas ecológicos y sociales apremiantes que nos afectan a todos. Berkeley sigue siendo una universidad pública, pero mucho de su capital humano y físico están principalmente al servicio del gran capital. El reto es revertir esta realidad.